viernes, 21 de diciembre de 2012

AL FINAL NO HUBO FIN DEL MUNDO

Si uno se encuentra leyendo este post es que, probablemente, el fin del mundo profetizado a partir de los calendarios mayas no haya ocurrido y todo siga igual, es decir, que Rajoy seguirá siendo presidente del gobierno, que Montoro seguirá siendo ministro de Hacienda (por lo menos a corto plazo), que Artur Mas será presidente de la Generalitat con ánimos secisionistas y que Merkel seguirá en el poder en Alemania con el ánimo de aplacar a los manirrotos vecinos del sur. Es decir, que lo mejor hubiera sido que los Mayas hubiesen tenido razón y dejásemos de sufrir.

Porque a partir del 21 de diciembre de 2012 seguirá habiendo desahucios en España que dejen a las familias con deudas astronómicas y sin bienes con las que satisfacerlas. Y, lo que es peor, condenados de por vida a la economía sumergida para no satisfacer unas deudas abusivas, basadas en tipos de interés confiscatorios y con una normativa no ya preconstitucional, sino anterior incluso a la II República y que ningún gobernante (es decir, ni Botin, ni Francisco González, ni Ángel Ron, ni nadie con poder efectivo en España) va a querer cambiar porque les beneficia extraordinariamente.

Y van a seguir las subidas de impuestos a la clase media de este país, ya que, ante una crisis de ingresos públicos, ocasionados por la terrible y espeluznante cifra de desempleo que tenemos, los que firman en el BOE no son capaces de hacer otra cosa que subir y establecer nuevos impuestos que afecta exclusivamente a las clases medias, que son las que con su actividad de consumo y ahorro deberían provocar la salida de la crisis.

En el horizonte un año 2013 especialmente aterrador que empezará con subidas en el precio de la electricidad fijados por una ley irracional que determina un sistema injusto de reparto de las cargas. Hoy se habrá celebrado la subasta eléctrica que implicará una subida del recibo. Y tendremos que satisfacer otra cantidad adicional (vía deuda pública) como consecuencia del déficit que se generará.

Después, un incremento de los precios de las gasolinas y gasóleos por la eliminación de una exención que existía sobre los biocombustibles.

Luego vendrán los copagos sanitarios. Nos van a cobrar por cualquier servicio que recibamos en materia sanitaria (medicinas, traslados, ortopedias, etc), como medio de producir ingresos para un sistema fiscal agonizante.

Aparecen también las tasas en la justicia, argumentando que eso disuadirá del uso del estado de derecho para frenar los abusos. Pero es meramente recaudatorio, no una medida de racionalización de la justicia.

Se plantean cobrar, incluso, por las inscripciones en el Registro Civil. Y aquí el argumento es más divertido: la gestión de los recursos de la propiedad (en manos de los registradores) generan beneficios, luego en vez de recuperar esos ingresos, establecemos un sistema parecido en el Registro Civil. Con lo cual, a partir de ahora, inscribir a un hijo, o un fallecimiento, o una boda, podría terminar teniendo un coste. El problema es que la ley nos obliga a hacerlo.

Y seguiremos discutiendo una reforma de la educación que se centra en aspectos colaterales del sistema (religión, leguas, etc) pero que no aborda los problemas de fondo del sistema en cualquiera de sus fases, con una desmotivación abusiva de los profesores (catalogados de vagos por dar “sólo” 20 horas de clase), una gestión caótica de los centros por cualquiera que tenga competencias, una mediocre masa estudiantil, con sus notables excepciones. En definitiva, un sistema basado en el equilibrio financiero más que en los resultados y donde, en aras del mantenimiento de ese equilibrio, se perpetúan situaciones que deberían cambiarse. Y, sobre todo, no se aborda el principal problema: la desconexión entre el sistema educativo y el sistema productivo, que debería realizarse mediante la adopción de un verdadero proyecto de formación profesional realmente cualificada y pegada a las necesidades del sistema productivo.

Además, seguiremos teniendo un sistema de pensiones que, dada la situación de desempleo que tenemos, mantendrá sus problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo y que nos obligarán a reformar para buscar el equilibrio. Pero el equilibrio significa, para los que firma en el BOE, exclusivamente privatización indirecta vía obligarnos a la forma de un plan de pensiones privado.

En definitiva, que tendremos un sistema social con serios problemas de sostenibilidad por la incapacidad de los gobernantes (los reales y los elegidos). Los tres pilares del sistema de protección social (sanidad, educación y pensiones) camino de una especie de privatización encubierta que augura un futuro poco alentador.

Porque además se abandonan actividades de futuro por el hecho de que no hay dinero, como es el caso de la investigación, y se buscan esos ingresos en actividades prácticamente paralizadas, como es la construcción, sin abordar el problema de fondo que es el cambio en las actividades productivas de la economía. En vez de afrontar una reforma fiscal valiente, se procede a imponer el ajuste en los sectores más castigados, con lo que su capacidad de maniobra empieza a estar agotada y sus posibilidades son ya escasas.

Y se argumenta que es por la ‘herencia recibida’, incluso para aquellos gobernantes que llevan más de veinte años en el poder de la misma administración, lo cual implica que o son ineptos en la gestión, o no tienen argumentos sólidos. O ambas a dos, que no lo descarto.

Porque, ¿qué hay detrás de todas estas medidas que estamos sufriendo? El déficit público no justifica estas medidas, ya que se pueden plantear alternativas para la recaudación de esos importes (por ejemplo: tasa Tobin, tipos del Impuesto de Sociedades efectivo y real próximos, Impuesto del patrimonio, Impuesto sobre el juego on-line). Luego hay algo más: la ideología que impera en el mundo y, especialmente, en Europa, que lleva aparejado el objetivo de alcanzar el 50% del coste de los servicios públicos que se nos prestan sufragados por el usuario directamente. Es decir, abandonamos el concepto de solidaridad que ha imperado en el desarrollo del Estado del Bienestar en el Viejo Continente y lo transformamos por el de sufragar el coste para todo el mundo.

Esa idea, aceptable para aquellos que no creen en la solidaridad, no encaja en la realidad donde, además de los impuestos que nos cobran para sufragar el Estado de Bienestar, se cobra hasta el 50% del coste del servicio. Luego realmente existiría un re-pago de las cantidades, una por la cuota de solidaridad y otra por el copago.

Y serán los ciudadanos quienes, con su esfuerzo, terminen por intentar enjugar las deudas de las administraciones pero quedando sin margen para satisfacer las suyas propias, verdadero problema de la economía española que nadie se plantea abordar. Y, al final, ni podremos pagar la deuda pública (que crecerá hasta más allá del 100% del PIB en el año 2014) ni podremos pagar la deuda que tenemos los agentes individuales, ni podrán pagar las empresas. Pero si podrán pagar los bancos, ya que habremos expropiado la deuda manteniéndoles los beneficios. Pura ideología.

Y no tendremos servicios públicos al 100%, sino que pagaremos por ellos hasta un 50% más y perdiendo la gestión pública de los mismos. Y todo ello con un sistema fiscal obsoleto, con figuras de mediados del siglo XX, abocado al fracaso y sin tener un efecto redistributivo razonable.

En definitiva, que mejor hubiesen tenido razón los Mayas y ahora no tendríamos estas preocupaciones. Ni que leer a este Economista Perplejo.







@juanignaciodeju



miércoles, 7 de noviembre de 2012

UNA APORTACION AL DEBATE HIPOTECARIO

Se ha abierto el debate en torno a las hipotecas en España. La situación del mercado hipotecario es tan dramática como el desempleo, al cual se encuentra irremediablemente unido y, en consecuencia, cualquier solución del primero debe venir por aliviar el segundo. Y como no se espera que las cosas mejoren a corto y medio plazo en el mercado de trabajo, tenemos que hacer ‘algo’ que mitigue los efectos en el mercado hipotecario. Como además es un drama social que está encima de la mesa y provocando imágenes de televisión, es un buen lugar donde hacer un poco de política y ganar unos cuantos votos.

Lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es eso del mercado hipotecario. Si lo consideramos como tal, es decir, como un mercado, desde un punto de vista meramente económico se podría analizar con su oferta y su demanda, como cualquier otro mercado. La gran diferencia con cualquier otro mercado donde hay activos es que en este caso el bien que está en juego es real, no financiero, y proporciona una utilidad ‘real’, entendida ésta desde el punto de vista económico.

El concepto clave para analizar un bien es el de ‘utilidad marginal’, definida como el incremento de la utilidad proporcionada por el consumo de un bien cuando se incrementa éste unitariamente. Y ésta es decreciente: a medida que incrementamos el consumo de un bien, las unidades adicionales nos proporcionan menor utilidad. El ejemplo que se suele poner es el del alcohol: las primeras copas son placenteras, pero llega un momento en que su consumo disminuye nuestra capacidad de disfrutar y termina por emborracharnos tanto que imposibilita el fin por el que empezamos a beber. En el caso inmobiliario, la utilidad marginal del bien en cuestión, es decir, de las casas, en la época de la burbuja, no era decreciente: cualquier incremento unitario de las unidades del bien proporcionarían mayor utilidad que la anterior, por lo que la demanda se incrementaba de forma constante. Eso es lo que aumentó la burbuja alimentada con el combustible de la imposibilidad de perder dinero con las inversiones inmobiliarias. ¿Qué haríamos si nos afirman que, por ejemplo, las acciones de una compañía X van a crecer ininterrumpidamente de precio tanto a corto como a medio y largo plazo? Pues comprar y mantener, dado que siempre ganaremos dinero. Y si necesito ese dinero, endeudarme con la garantía de ese activo. Un comportamiento racional lo miremos por donde lo miremos.

En un mercado, desde un punto de vista estrictamente económico, la variable fundamental a analizar es el precio. Es quien equilibra el mercado, quien coordina oferta y demanda y, por lo tanto, la variable a estudiar. Y el precio, desde un punto de vista de la demanda, se determina por lo que conocemos como ‘disposición a pagar’. Y, por lo tanto, depende estrechamente de la utilidad marginal. Cuanta mayor sea la utilidad marginal del bien en cuestión, mayor será nuestra disposición a pagar y, en consecuencia, el precio del mismo. Si además ésta es creciente, el precio del bien será constantemente creciente y los consumidores actuarán según las leyes de la economía adquiriendo unidades a precios cada vez mayores. Esto es lo que pasó con la burbuja inmobiliaria y el comportamiento de la demanda del bien. Como la utilidad marginal era creciente, los precios crecían y la demanda admitía esos precios sin disminuir.

Y, por el lado de los financiadores de ésta situación, es decir, las entidades financieras, lejos de aplacar la burbuja con préstamos más estrictos, la alimentaron conscientes de que el precio subiría por las condiciones del mercado. Es por lo que me quejo amargamente: algo habremos hecho mal los profesores de economía que no hemos transmitido que el mercado inmobiliario en España estaba en un proceso antinatural y que la utilidad marginal caería en algún momento. O no lo hemos contado, lo cual me resulta imposible, o no hemos sido capaces de hacérselo entender a los alumnos.

Sirva esta introducción para sentar las bases de la situación. Nos encontramos con un mercado distorsionado (el de la vivienda), con precios eternamente crecientes, rentabilidades positivas y, en consecuencia, activos con alta rentabilidad y fuerte demanda. La oferta debía crecer para poder satisfacer la demanda e intentar cerrar el exceso. Y eso es lo que ocurrió: la oferta de vivienda creció indefinidamente en un intento de obtener los máximos beneficios posibles en el menor tiempo. Estos incrementos de la oferta no sofocaron los precios que continuaron con la anomalía de la utilidad marginal creciente, y en consecuencia los incrementos de oferta se traducían en incrementos de precios y, por lo tanto, de beneficios explosivos. Y en la participación de ese movimiento, la demanda creciente de trabajadores con el reclamo de salarios cada vez mayores.

Hasta aquí la historia. Cuando pincha la burbuja, por la subida de los tipos de interés, nos encontramos con que la economía se ha envuelto en dos espirales complejas: una espiral precios-salarios (la subida de los precios de la economía provoca incrementos de los salarios) y otra salarios-salarios (los incrementos de salarios en un sector inducen incrementos en otros sectores, aunque la productividad sea diferente). En consecuencia, la pérdida de competitividad de las economías que han vivido de la burbuja. La situación final de todo ello es que se tiene que reestablecer el equilibrio de la única manera posible: despidiendo masivamente al personal contratado con salarios altos, cerrando empresas que surgieron como consecuencia de la situación y manteniendo el Estado el status mínimo de las personas que han perdido su trabajo. Y esto es así porque los salarios monetarios, como advirtió Keynes, son inflexibles a la baja, que sería la otra forma de reequilibrar el mercado.

Después de cuatro años de ajuste en la economía española nos encontramos con un nivel de paro insoportable para una economía (25%), con un gran número de personas que no tienen ningún ingreso en su hogar (más de 1,5 millones), con un desempleo de larga duración en límites extraordinarios y con deudas contraídas muy superiores a la capacidad de pago posible para la mayoría de los hogares. Y esto es lo que provoca los desahucios actuales y los que tendrán que venir en el futuro.

Los ajustes han provocado la aparición de nuevos pobres, gente que podría sobrevivir en un entorno recesivo sin excesivos problemas pero a los que la política emprendida les coloca en situación de exclusión aun cuando tienen un trabajo estable, lo que antes era la garantía de un futuro más o menos garantizado, pero que en las actuales circunstancias provoca que no sea así. Y esa nueva categoría es la que más debe preocupar a los legisladores, dado que la aparición de ese grupo implica un cambio en la estructura de pensamiento de la población y, en consecuencia, un cambio en sus actitudes ante el consumo y el ahorro: no tengo renta suficiente, no puedo consumir y necesito ahorrar, no hago ni una cosa ni otra y paralizo la actividad. Y no hago ni una cosa ni la otra porque las nuevas imposiciones por parte del gobierno me imposibilitan consumir (disminuye la renta disponible) pero también ahorrar (tengo que desahorrar para poder mantenerme). Es decir, estamos ante una situación que requiere tomar decisiones audaces para evitar que todo el sistema colapse y, por lo tanto, que lo haga el país. Muchos de los debates identitarios actuales tendrían un enfoque diferente si los encargados de hacer leyes y cumplirlas hubieran advertido el cambio de la sociedad antes de que se materializara tan bruscamente. Y la solidaridad se habría afianzado.

Por lo tanto, tenemos un problema complejo que requiere soluciones nuevas que respondan al doble reto de: reequilibrar el sistema económico y rescatar a las personas que empiezan a situarse en una posición de exclusión antes de que caigan en ella. Y el problema es que empezamos a no tener tiempo para aplicar ninguna medida que no proporcione efectos inmediatos. Además, debemos cambiar nuestra forma de pensar abandonando dogmatismos que no permiten solucionar el problema. Tiene que cambiar la sociedad, si, pero también tiene que cambiar el pensamiento para lograr soluciones útiles para todos.

Pero ¿qué soluciones? En primer lugar, hablemos de leyes. No soy experto, pero hay algo que no puedo entender, y que los datos no hacen más que revelarlo: no es posible que gente desahuciada, y sin trabajo, mantenga deudas millonarias con los bancos una vez perdidos todos sus activos. La solución no puede ser otra: pasarse a la economía sumergida, con los problemas que eso causa a toda la sociedad, al estado en su conjunto y a la economía. Los datos son tozudos: mientras las afiliaciones a la seguridad social de los autónomos están cayendo, los trabajadores por cuenta propia en la EPA crecen. La conclusión es evidente: como debo ingentes cantidades al banco, sumerjo mi actividad y dejo de pagar impuestos (y al banco, lógicamente). Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es solucionar esa anomalía funcional del sistema. Y debería establecerse, incluso con efectos retroactivos, la dación en pago. Se afirma que eso hundiría el sistema financiero (¿más todavía?) y que incrementaría los precios de las hipotecas (me parece hasta razonable). Pero no se mira al otro lado: gente obligada a sumergir su actividad de forma indefinida no es un buen negocio para nadie (ni incluso para el que trabaja sin las garantías legales).

Con las familias ya ejecutadas y con deudas multimillonarias pendientes, deberían entrar por decreto en un proceso concursal que solucionase su situación, permitiéndoles la regularización fiscal a coste cero. Es decir, una amnistía fiscal, pero para aquellos que realmente la necesitan.

Pero lo más importante es que la situación seguirá empeorando. Como he dicho al principio, los problemas hipotecarios de los ciudadanos están ligados a los problemas de desempleo, y no solucionaremos los primeros sin solucionar el grave problema de nuestro mercado laboral. Se han hecho cosas que afectan al mercado de trabajo que van en la buena dirección, pero no se creará trabajo mientras no se incremente la demanda de la economía, lo cual no está previsto en los próximos años con la política actual. Es decir, debemos cambiar de política, pero de forma imaginativa, no con las viejas fórmulas económicas de keynesianismo, monetarismo o clasicismo que todos estamos pensando. Se ha demostrado que los dogmatismos han dejado de funcionar en las circunstancias actuales. Las políticas keynesianas no nos han sacado de la crisis, pero la ortodoxia monetaria tampoco lo está consiguiendo.

Y debemos conjugar esa necesidad imperiosa de crecer económicamente con el desapalancamiento de la sociedad en su conjunto. Lo más curioso es que ambas condiciones van unidas: si crecemos, podremos proceder a devolver nuestras deudas sin realizar un esfuerzo extraordinario. Sin crecimiento, el proceso de desapalancamiento generará más dificultades. Y los gobernantes, aparentemente, mantienen la misma postura, pero aplican políticas contrarias, centrando las necesidades de crecimiento en el medio y largo plazo, olvidando que el problema es ya acuciante. Por lo tanto, urge crecer pero no hay dinero para ayudar a esa tarea.

Por otro lado, las familias están sin consumir por el grave problema de deuda que tienen y que les imposibilita el consumo y el ahorro. Si esta fuera la situación de un país, de una empresa o de un banco, la solución ya se habría aplicado: una quita de la deuda relajaría las condiciones de funcionamiento y, en consecuencia, su disponibilidad. Pero en el caso de los agentes económicos no se aplica, es más, nos dicen que ‘las deudas hay que pagarlas’ como si eso fuera así con todo el mundo. Por lo tanto, lo razonable es aplicar una quita de las deudas de los ciudadanos de forma que se posibilite su acción económica. Pero sin dañar adicionalmente los balances de los bancos, que ya están muy alterados en su estructura. La solución ideal es una moratoria en el pago de las hipotecas para aliviar la situación, cosa que he propuesto en varias ocasiones.

Y finalmente algo de lo que nadie está hablando, pero que proporcionaría soluciones indirectas: generar inflación, que es la mejor manera de rebajar las deudas. Si hay inflación, las deudas pierden valor y resulta más fácil pagarlas, pero con una política deflacionaria como la que estamos haciendo no sólo no mejoramos la situación, sino que esta tiende a empeorar de forma constante y, lógicamente, retroalimenta la espiral deflación-decrecimiento en la que nos estamos metiendo peligrosamente.

En consecuencia, hay que solucionar los problemas de las personas que ya están en situación crítica (los desahuciados actuales) e impedir que los ‘nuevos pobres’ caigan en esa situación, con lo que podríamos conseguir que la situación, por lo menos, no empeorase en los próximos años.

Ya que se han puesto a analizar el problema, espero que encuentren las soluciones oportunas. Solo he intentado aportar algo al debate.





@juanignaciodeju



jueves, 25 de octubre de 2012

UN POCO DE POLITICA MONETARIA

Voy a hacer un poco de pedagogía bancaria. Espero que alguien me lo reconozca económicamente.

Últimamente la gente se pregunta ¿por qué no podemos dejar caer los bancos’. Y lo hace con la lógica aplastante de la ciudadanía: si mi empresa puede quebrar y encontrarme en la calle sin más amparo que un seguro de desempleo menguante y un panorama desolador en el empleo, cualquier empresa (y los banco lo son) debería poder encontrarse en la misma situación y cerrar cuando fuera insolvente. De esa manera nos ahorraríamos todos una buena cantidad de dinero (el ministerio de Economía y Competitividad va a introducir una enmienda en los presupuestos para poder incrementar la deuda en 60.000 millones de euros para recapitalizar los bancos, tal y como advertí el mismo día del ‘préstamo en condiciones muy favorables’). Nos ahorraríamos también los sufrimientos que vamos a afrontar (y estamos afrontando) por los recortes que nos imponen desde fuera (o no) en estos años. Con lo cual, dejemos que quiebren y se acabó el problema.

Y gente con algunos conocimientos económicos (no muchos) también lo plantea como si eso fuera la panacea de los problemas. Y por dinero que les hemos prestado y avalado, las condiciones indicarían que es mejor deshacerse de la ‘grasa’ y quedarnos exclusivamente con lo bueno (si es que lo hay) del sistema financiero.

Y de tanto oírlo, parece ser una idea extendida por ahí. El problema es que no podemos dejar caer los bancos. Y esto es así por dos motivos básicamente: uno por pacto legal y otro por imperativo económico.

El pacto legal se remonta al año 2008, cuando los jefes de gobierno de la UE pactaron que no se iba a dejar caer ningún banco en Europa. Cuando cae Lehman Brothers en septiembre de 2008 se desatan todos los infiernos en el mundo financiero y es cuando se pacta que eso no va a ocurrir en Europa. Es la época de los rescates multimillonarios de las bancas inglesa, alemana, francesa, etc. Y de los avales de la banca española, cuya peculiaridad es que el problema importante no era privado, sino público y que comentaré más adelante.

El imperativo económico viene por el hecho de que los bancos son creadores de dinero, es decir, de cada euro que hay en circulación (lo que llamamos Base Monetaria) existen en la economía más euros vía los que los economistas denominamos ‘multiplicador del dinero’ y que es, simplificando, un cociente entre el coeficiente de efectivo y el coeficiente de reservas. En sus términos más simples, algo como lo siguiente:

                              (e + 1)/(e + r)

Que implica que dependiendo de los deseos de la gente de tener efectivo en su poder y de las reservas que tengan los bancos comerciales en el Banco Central, así será la cantidad de dinero que haya en el sistema. Como la mayoría de nosotros tenemos nuestro dinero en el banco y los bancos comerciales tienen poco dinero en reservas del Banco Central (legalmente es un 2%), el multiplicador es elevado. Por ejemplo, si e = 10% y r = 2% el multiplicador tendría un valor de 9,17, o lo que es lo mismo, por cada euro que existiese en circulación existirían 9,17 euros en el sistema financiero.

Por otro lado, los bancos comerciales actúan aceptando depósitos, que son sus pasivos, y prestando ese dinero a otras personas (que serían sus activos). Por lo tanto, su balance muy simplificado sería algo como lo siguiente:

               BANCO X

       ACTIVO      PASIVO

        Créditos       Depósitos

De forma que el Banco X será solvente cuando sus activos (es decir, sus créditos) sean iguales que sus pasivos (es decir, los depósitos). El problema es cuando los créditos (activos) son menores que los depósitos (pasivos) por la mala gestión de sus directivos, es decir, cuando lo que tengo que cobrar o puedo convertir en dinero no supera a lo que debo a los depositantes. Este es el caso de la banca española con problemas en la actualidad, y si dejáramos que cayera implicaría la desaparición de la práctica totalidad de los depósitos de ese banco. Y eso implicaría la desaparición de otros depósitos en otros bancos en razón de la relación del multiplicador monetario.

Esto significa que no podemos dejar caer un banco, especialmente si es un banco de grandes dimensiones. La desaparición de masa monetaria que eso implicaría nos llevaría a un desastre económico de tales proporciones que no nos lo podemos permitir. En todo caso, hay que proceder a la liquidación ordenada, salvaguardando los activos para poder hacer frente a los pasivos (depósitos).

¿Y por qué no se ha hecho antes? Otra pregunta retórica que parece que últimamente se ha extendido. Nos dicen que la recapitalización de los bancos tendría que haberse hecho en el año 2008 o 2009 cuando la hicieron en toda Europa. Pero obvian que la banca española con problemas eran las Cajas de Ahorro, que ya eran públicas (según la ley de cajas, responsabilidad de las Comunidades Autónomas). Luego habría sido algo así como darle dinero a las CC.AA.. Lo primero que hubo que hacer fue sacarlas del poder autonómico (primera reforma financiera) mediante fusiones entre ellas que las deslocalizaran. Una vez deslocalizadas, exigirlas un mínimo de capital y pasarlas a la dependencia del Banco de España (segunda reforma financiera) forzándolas a la búsqueda de socios que les permitieran subsistir (las salidas a bolsa de Bankia y Banca Cívica son el ejemplo) o a la nacionalización y posterior venta a otro banco que tuviera capacidad de asumirla (como es el caso de UNIM). Pero eso no se pudo hacer en el año 2008. Los tiempos son los que son.

Y para terminar, ¿qué es lo que está pasando en el sistema financiero que está paralizado en la concesión de créditos? La respuesta está en la fórmula del multiplicador monetario expuesta antes. Si la gente aumenta su deseo de tener dinero en efectivo (o salen capitales de España) o si los bancos comerciales depositan más dinero del necesario en el Banco Central (del billón de euros que prestó a 3 años el BCE, en abril había en reservas 870.000 millones), la oferta monetaria (la cantidad total de dinero en circulación) disminuye y, por consiguiente, todos los tipos de interés se incrementan (incluida la prima de riesgo). Y esto se ve alimentado, además, por la parálisis de la economía real (la no financiera) que hace que el canal de distribución que deberían ser los bancos (‘canal de transmisión de la política monetaria’ lo llamamos los economistas) no esté funcionando y la economía se encuentre en una situación de práctica paralización, disminuyendo la renta y, por consiguiente, bajando la recaudación impositiva e incrementándose los gastos y el déficit público. Es por ello que soy tan pesado con eso de fomentar el crecimiento, ya que si eso no ocurre, el canal de transmisión seguirá cerrado y la política monetaria seguirá sin funcionar.

¿Cuándo terminará todo esto? La respuesta la he dicho en varias ocasiones: para el año 2015 podremos ver un poco de luz al final de túnel dependiendo de la evolución que tengan los bancos comerciales. Hasta entonces toca seguir sufriendo por los recortes y la política económica que se está haciendo.

En definitiva, que no podemos dejar caer los bancos, que nos van a costar un ojo de la cara (algo así como 300.000 millones en total), que a pesar de ello la economía seguirá en recesión y que todo puede mejorar, ligeramente, para el año 2015. Espero confundirme. O no, que me estoy volviendo como Rajoy.







@juanignaciodeju





martes, 2 de octubre de 2012

EL RESCATE SERIA POSITIVO SI ...

… Cambiase la actual estructura de fijación de precios en el sistema eléctrico español, donde la electricidad tiene unos costes desorbitados y genera un déficit impagable aun con tasas e impuestos ad-hoc porque las empresas son quienes controlan el mercado, tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta, generando distorsiones en los precios, en los costes y en la asignación de recursos.

… Deshiciera los oligopolios en los mercados de distribución de gasolinas y gasóleos, permitiendo una verdadera competencia mediante, por ejemplo, la compra directa del producto por empresas independientes que lo distribuyeran entre los surtidores, generando una homogeneidad del producto que ahora, aparentemente, no quieren que exista.

… Eliminase las trabas a los emprendedores con la creación de líneas blandas de crédito finalista para que puedan montar una empresa en España. En las actuales circunstancias, con una tasa de paro creciente y un elevado número de personas en desempleo de larga duración, es imposible que ninguno de los sistemas inútiles puestos en marcha hasta el momento sirva para fomentar el autoempleo.

… Realizase una política activa de empleo para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral fijando como objetivo reducir a sólo un 15% la tasa de paro juvenil hasta el final de la legislatura. Una buena formación para el empleo, gestionada por el servicio estatal y orientada al mercado laboral incidiendo en aquello que es demandado por el mercado, podría aliviar la situación de los jóvenes, principal motor inversor y consumista de la sociedad.

… Generase un autentico mercado competitivo en el sector de la distribución comercial, eliminando ineficiencias administrativas en la asignación de los recursos que lo único que generan son incentivos negativos en los productores.

… Eliminase las duplicidades administrativas de los distintos niveles españoles, generando un autentico sistema de financiación corresponsable, donde la administración central recaude el 100% de los impuestos y financie suficientemente los servicios sociales básicos, corriendo por cuenta de otras administraciones la gestión de los servicios complementarios, los incrementos de la cartera de servicios y la financiación de los mismos.

… Obligase a los bancos y las instituciones financieras a declarar de forma transparente la cartera inmobiliaria y su distribución entre promotores y particulares y a la venta inmediata, con el descuento que fuese necesario, de los pisos y locales comerciales que obran en su poder con el fin de eliminar las incertidumbres existentes en la actualidad, procediendo, si fuese el caso, a la nacionalización de las entidades que no actúen según este principio.

… Mejorase la eficiencia del impuesto sobre sociedades español, aproximando la cuota real con la efectiva y eliminando esa bolsa de fraude.

… Persiguiese de forma contundente el fraude fiscal en España, procurando alcanzar una cifra de economía sumergida por debajo del 10%, de forma que se recaudasen anualmente en España aproximadamente unos 45.000 millones de euros adicionales.

… Realizase una profunda reforma fiscal en España, abandonando figuras impositivas del siglo XX para hacer de la economía española un verdadero motor del crecimiento en el siglo XXI (Tasa Tobin incluida.

… Hiciese una auténtica devaluación fiscal de forma que nuestras empresas puedan exportar sus productos al resto de Europa generando mejoras en nuestras balanzas comerciales y eliminando las deudas que figuran en el sistema TARGET 2.

… Utilizase parte del dinero que nos van a prestar (300.000 – 500.000 millones) para incentivar la economía con políticas activas definidas con el objetivo de mejorar la productividad.

… Obligase al gobierno a mantener, incluso incrementar, el gasto en I+D+i de la economía, fomentando la investigación y la obtención de conocimiento que pueda ser usado en el futuro para un crecimiento económico sostenible.

… Fomentase la educación como principal instrumento de cambio de la sociedad, presentándola como lo que es, una inversión que siempre proporciona réditos a medio y largo plazo.

… En definitiva, se pensase en las personas y no en los mercados.

Pero como se va a limitar a garantizar la deuda de la economía española con los bancos alemanes, no servirá de nada y estaremos camino de convertirnos en una copia de Portugal o Grecia. Esperemos que todavía nuestro gobierno tenga un margen de maniobra para evitarlo.





@juanignaciodeju

martes, 18 de septiembre de 2012

LAS EXPECTATIVAS RACIONALES, BERNANKE Y RAJOY

La curva de Phillips es un instrumento que se utilizaba en la política económica para determinar una relación entre inflación y desempleo y que fue muy importante durante los años 50 y 60 del siglo XX. Según esa interpretación, un gobierno podía elegir una cantidad de inflación a cambio de un determinado nivel de desempleo, bastaba para ello poner en marcha las medidas que considerara oportunas. Sin embargo, Robert Lucas y Milton Friedman realizaron una crítica a esta teoría que resultó ser importante en economía: si el gobierno anuncia una determinada medida para establecer un determinado volumen de inflación y desempleo, como los agentes económicos cuentan con toda la información y son capaces de interpretarla convenientemente, no será efectiva y lo único que se conseguirá será una variación de la inflación sin repercusión en el empleo. Ese mecanismo que ‘filtra’ las medidas es lo que los economistas llamamos Las Expectativas Racionales.

Establecido el concepto lo importante es ver si se cumple dicho enunciado. Y, efectivamente, se cumple. Inicialmente la crítica a la teoría de la curva de Phillips realizada por Friedman y Lucas cambió el concepto mismo de la curva, estableciendo un concepto nuevo que resulta más o menos complejo de comprender: la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (tasa NAIRU). Es decir, existe una tasa de desempleo que provoca que la inflación no tenga tendencia creciente.

Esta introducción me sirve para analizar dos cosas que he empezado a leer en algunos medios y que me han dejado un poco más perplejo: la primera, la opinión de que la Reserva Federal, con la QE3 puesta en marcha la semana pasada, pretende intercambiar un ligero incremento de la inflación con una disminución del desempleo; la segunda, las crecientes dudas de nuestro presidente del Gobierno en relación con el rescate (o ‘asistencia financiera’ que le llaman ahora) de la economía española.

En la introducción ya queda claro que lo que supuestamente pretende la Reserva Federal no va a ocurrir, y mucho menos de forma duradera en el tiempo. Más bien pretende acomodar la política fiscal con la monetaria para eliminar los posibles efectos negativos de la primera sobre la economía. Y de esa manera acercar la economía a la tasa NAIRU de forma que no aparezcan efectos perversos, especialmente la deflación.

Alguien se preguntara ¿no estáis un poco esquizofrénicos los economistas con eso de los precios que si suben es malo y si bajan también?, es decir, si la inflación es mala,  ¿por qué es también mala la deflación?. La respuesta es evidente: la deflación es mucho peor que la inflación, en cuanto que destruye actividad económica a un ritmo mucho mayor que la inflación y, por consiguiente, hay que evitarla a toda costa. Lo que desde un punto de vista del consumidor individual puede ser positivo (que los precios sean cada vez más bajos), desde el punto de vista macroeconómico es perverso, ya que desincentiva las compras de bienes dado que esperaremos que éstos continúen bajando de precio de forma indefinida. El ejemplo más claro lo tenemos en el mercado inmobiliario español: si pensamos que los precios de los pisos van a continuar bajando, ¿por qué invertir ahora en ellos si serán más baratos en el futuro? Ese comportamiento colapsa el mercado haciendo desaparecer inversión, empresas, valor y actividad.

Con respecto a la segunda de las noticias, las dudas de nuestro presidente para solicitar el rescate, ponen en evidencia que por mucho que nos empeñemos en divulgar las relaciones económicas y los conceptos de forma muy simple, siempre quedará alguno no asimilado y se cometerán errores de bulto. Con las repetidas solicitudes de ayuda al BCE realizadas por los miembros el gobierno español de las últimas semanas forzando al establecimiento de unos criterios de actuación por parte de la institución monetaria, una vez obtenidos éstos, estamos obligados a solicitar el rescate más pronto que tarde. Sin embargo, el presidente está demorando la decisión pensando que la mejora de la situación provocada por el anuncio de Mario Draghi va a ser permanente y le va a evitar el estigma de solicitar la ayuda. He leído en algún medio de comunicación que el gobierno estima que si se mantienen las condiciones actuales en el mercado de deuda no necesitará pedir la asistencia financiera. Y en ese gobierno se sientan, si no me confundo, al menos 3 economistas.

Pues la realidad será muy distinta. Por mucho que la subasta de letras de hoy y de bonos del jueves sean positivas, será inevitable que el gobierno español pida el rescate, ya que el mero anuncio indirecto del mismo, al ser conocido por los agentes económicos y ser capaces de prever el resultado, ha operado ya en contra de la economía española y cualquier demora provocará un empeoramiento de las condiciones. Una vez más operan en el mercado las expectativas racionales de los agentes que anticipan las decisiones. Como vamos a solicitar el rescate, ahora los inversores están más seguros y aceptan el riesgo; si no lo hacemos, el mercado se hundirá y acabaremos obligados a la solicitud aunque empecemos a crecer al 10% anual. Es lo que tienen las expectativas racionales: una vez puestas en marcha es imposible dar marcha atrás.

Por lo tanto, un retraso en la solicitud por el gobierno únicamente va a generar un empeoramiento de la situación y la necesidad de adoptar medidas cada vez más drásticas para intentar convencer a los mercados de nuestra buena voluntad. Y lo peor del caso es que si se están aplicando cálculos electorales, como ocurrió con los presupuestos, la situación se va a hacer inmanejable incluso después de solicitar la ayuda de Europa y corremos el riesgo cierto de terminar como Grecia. Son las expectativas racionales quienes nos forzarán a ello. Y mucho más pronto que tarde.



@juanignaciodeju


martes, 4 de septiembre de 2012

EL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Todos los años, al principio de curso, recomiendo a mis alumnos que lean los periódicos. Pueden ser los especialistas, es decir, los específicamente económicos, o los generales, que en la actualidad da más o menos igual, ya que el principal foco de atención en estos momentos es la economía, por lo que centrarán sus noticias en esa materia. Y como reconozco que ellos tendrán problemas económicos como el resto, les sugiero que los lean por internet, de forma que se ahorrarán el dinero y contribuirán al medio ambiente.

Y que lean todos los que puedan, que no discrimen. Son todos accesibles desde la red, gratuitos en la mayor parte de sus contenidos, y siempre es conveniente conocer distintos puntos de vista de forma que podamos tener una opinión propia fundamentada, aparte de conocer los argumentos de otras personas y, en consecuencia, ser capaz de aprender de argumentos cercanos a los nuestros y de otros muy diferentes.

Y aunque ya conozcamos los datos por nuestra profesión o nuestras inquietudes, como es mi caso, cuando se ponen blanco sobre negro en formato periodístico parecen tener mayor relevancia. Pues precisamente hoy se han conocido dos cosas muy importantes en la economía española: en primer lugar, y por la tragedia que eso está suponiendo, el dato del desempleo: 4.625.634 desempleados inscritos en las oficinas de empleo. A este dato hay que sumar algo así como 1.300.000 desempleados que no figuran en esas listas porque están desanimados (y así se les denomina estadísticamente), luego cerca de 6 millones de personas sin empleo en un país con 47 millones de habitantes; más de un 10% de la población total española está en desempleo. Este debería ser la principal preocupación de las medidas a adoptar por el gobierno y por los técnicos de Bruselas. La tragedia es de tal magnitud que, de no ser por la economía sumergida (que se estima en un 25% del total de la renta), se provocarían grandes movimientos sociales, probablemente violentos. Y las medidas no están teniendo en cuenta este problema, sino el déficit público. Eso es lo que podemos llamar un error en el objetivo: no podremos reducir el déficit mientras la cifra de desempleo no disminuya a la mitad.

La segunda es también muy reveladora: la deuda de las familias españolas es de 848 mil millones de euros, de los cuales, 652 mil millones son créditos hipotecarios; la de las empresas es de 1,218 billones de euros. Y sí, la noticia es que han disminuido un 4% anual, cifra del todo insuficiente para nuestras necesidades. Pero sumando ambas cifras, las empresas y las familias debemos a los bancos 2,066 billones de euros, es decir, casi el 200% de nuestro PIB, y esa debería ser la noticia. Son cifras relevantes por dos motivos: el primero es que demuestran, efectivamente, que hemos vivido una fiesta descomunal de la cual unos han sacado más provecho que otros, pero casi todos hemos participado en mayor o menor medida.; el segundo porque pone de manifiesto que el problema no es la deuda pública (80% del PIB al final de año, sin considerar el rescate bancario; 90% si lo incluimos), es la deuda privada. Y, una vez más, el gobierno y los técnicos fallan en el objetivo y se preocupan por la parte pequeña del problema y no por la relevante, y las medidas van dirigidas al problema manejable dejando fuera el problema grave de verdad.

Sumando ambas cifras podemos concluir que o cambiamos radicalmente el objetivo de la política económica, con medidas a corto plazo, o no tendremos medio plazo que gestionar en el futuro, dado que nuestro sistema económico quedará colapsado. Y eso es así porque podemos entrar en el círculo vicioso de los rescates: la deuda pública ocasiona el rescate de la economía, se imponen medidas restrictivas, se incrementa el desempleo, esto ocasiona problemas de pago a los bancos, los activos de éstos se deterioran, se producen pérdidas, el gobierno tiene que hacerse cargo de los problemas bancarios y se incrementa la deuda y el déficit públicos. Con este mecanismo no sólo no reducimos nuestro endeudamiento, sino que se incrementa considerablemente con una socialización y duplicidad que nos hace a todos más pobres, dado que deberemos nuestra deuda (la privada) y la de todos (la pública), que tiene su origen en la deuda privada. Es por ello que me he manifestado contrario al rescate (‘una asistencia financiera probablemente errónea’) y abogo, constantemente, por un cambio en la política económica del gobierno con diferentes argumentos intentando sensibilizar a los que mandan (‘¿Por qué es tan mala la política económica del gobierno?’; ’22 medidas para avanzar’) y de otros actores en esta situación (‘Europa: una solución’; ¿Cómo salimos de esta?).

Con todo esto, podemos concluir dos cosas: una, que nuestra economía será rescatada porque nadie parece saber de economía (o, al menos, parecen haber olvidado las nociones más simples); y segunda, que no servirá de nada porque el problema es la parte privada de la deuda, de la cual nadie se está preocupando. Lo volveré a decir: sin crecimiento económico, que posibilite una mayor renta a los agentes económicos, no podremos salir de esta situación. Y nuestro problema de deuda, y el de otros muchos países en Europa, tiene soluciones distintas mucho más racionales (‘Teoría de juegos y crisis de deuda’). Pero seguiré sin ser tenido en cuenta, ni Yo ni otros muchos economistas que hablamos constantemente de los mismo. Y Yo seguiré siendo un Economista Perplejo.



@juanignaciodeju

viernes, 24 de agosto de 2012

TEORIA DE JUEGOS Y CRISIS DE DEUDA

La teoría de Juegos es un instrumento matemático de gran utilidad en el análisis económico, fundamentalmente en el análisis de mercados oligopolísticos por cuanto nos permite establecer estrategias de comportamiento, muy útiles cuando hablamos de mercados poco competitivos.

Podemos dividir las soluciones dentro de la teoría de juegos en cooperativas o no cooperativas. Las primeras son aquellas donde todos los jugadores podrían sacar ventaja de la mutua colaboración, como por ejemplo el famoso ‘dilema del prisionero’ donde ambos jugadores obtendrían ventaja si colaborasen, pero que en ausencia de colaboración obtienen equilibrios que no mejoran su situación pero minimizan sus riesgos. Las soluciones no cooperativas son aquellas donde los jugadores compiten por obtener los máximos beneficios posibles cada uno de ellos. Dentro de estos últimos podemos incluir los denominados ‘juegos de suma cero’.

Los ‘juegos de suma cero’ son aquellos en los que los beneficios de uno de los jugadores implican pérdidas iguales del otro jugador, por lo que la suma final del juego es siempre cero. Por ejemplo, en el póker, las ganancias de algún jugador siempre deben corresponderse con las pérdidas de algún otro, de forma que el dinero sobre la mesa es siempre el mismo (a no ser que alguien estime oportuno incrementar el dinero apostado mediante la aplicación de una cantidad adicional) y lo diferente es el reparto del mismo entre los jugadores.

Llegados a este punto, vamos hacer algunas trampas para analizar la situación del mercado de deuda europeo y comprender algunas cosas. En primer lugar, y como buen economista, hagamos algunas hipótesis.

Supongamos que el mercado es finito, es decir, que es un conjunto cerrado y limitado, donde la cantidad de dinero está dada y no puede aumentar. No es tan extraña esta hipótesis, ya que el BCE no aumenta la liquidez de forma incontrolada y el resto de inversores no parecen dispuestos a aumentar los fondos dedicados a la deuda europea en este momento.

Los gobiernos compiten por unos mismos fondos en condiciones desiguales. Es decir, no es lo mismo prestar dinero a un gobierno con una economía en expansión que a otro en situación de recesión.

El poder de los gobiernos es desigual. No todos los gobiernos europeos tienen la misma influencia en los mercados.

El número de gobiernos es limitado, cerrado y finito. Es decir, cada gobierno puede influir en los precios en función de su capacidad en la economía europea, pero no existen riesgos de nuevos actores (gobiernos) en el mercado que desestabilicen las condiciones.

Hasta aquí las hipótesis. Podríamos establecer algunas más, pero con estas basta para el propósito de este artículo. No nos asustaría establecer alguna más y más restrictiva si fuera necesario (el famoso chiste del economista perdido y el abrelatas), pero no es necesario.

En estas condiciones, el mercado de deuda europeo podríamos analizarlo como un juego no cooperativo (los gobiernos compiten por el mismo volumen de dinero) de los considerados de suma cero, es decir, el dinero que, por ejemplo, obtiene España, dadas las hipótesis que hemos establecido, lo deja de percibir, por ejemplo, Portugal. Las ganancias de España implican pérdidas en Portugal (mejor dicho, los fondos recibidos por España no lo serán por Portugal). Esto implica que habrá países con exceso de capacidad de obtención de fondos, como es el caso de Alemania, y países con serios problemas para la captación de esos fondos, como es el caso de España e Italia. De ahí las diferencias en los precios pagados por los unos y los otros: mientras el gobierno alemán cobra por recibir fondos prestados, otros pagamos cantidades ingentes de dinero por captar esos fondos.

¿Cómo solucionarlo? En mi opinión hay dos soluciones satisfactorias (aunque como siempre digo, en economía todo es cuestionable): por un lado, aumentar la cantidad de dinero, es decir, que el BCE actúe como prestamista de última instancia proporcionando fondos a los gobiernos vía compra de deuda en el mercado primario, es decir, el de financiación de los gobiernos; por otro lado, la solución cooperativa: que los gobiernos se pongan de acuerdo para repartirse los fondos existentes de forma que la solución sea la mejor posible para todos (los famosos eurobonos).

Con respecto a la primera solución, ya somos conscientes que no se va a poner en marcha por el temor alemán a la inflación. Ha sido aplicada por otros bancos centrales (EE.UU., Inglaterra) y ahí están las cifras: con un déficit similar al español y un nivel de deuda superior, no tiene problemas de financiación y los tipos de interés se mantiene en niveles bajos.

Por lo tanto, la solución debe ser cooperativa, de forma que se obtenga la mejor situación posible para todos los países (en este caso, la menos mala). Esto igualaría los costes de financiación de los países, aunque no solucionaría el problema de fondo: la cantidad finita de dinero en el mercado de deuda. Provocaría una mejora en los niveles de tipos de interés de algunos países, pero empeoraría el del resto, dado que a partir de ese momento, la deuda sería única y estaría avalada por todos los miembros de la UE. Pero tampoco se va a poner en marcha de momento: Alemania no quiere socializar el problema, es decir, se niega a cooperar con el resto de países, en parte porque actúa como líder dentro de un esquema de líder y seguidor: establece sus condiciones y deja que el resto de los agentes actúen en términos de competencia perfecta en lo que queda del mercado.

Existe una tercera solución, poco probable por cuanto implicaría adoptar decisiones muy complejas: que un grupo de países se uniera en la aplicación de soluciones cooperativas para competir con el líder en similares condiciones, de forma que se le fuerce a actuar de forma cooperativa para evitar pérdidas mayores a las que le sometería el mercado. En este esquema encaja la última reunión de los líderes europeos, con las presiones de Hollande, Monti y Rajoy para flexibilizar los criterios de los fondos de rescate. Aunque se corre el riesgo de que se forme un cártel por cada bando que mire exclusivamente por sus intereses, en cuyo caso la ruptura está asegurada.

En fin, que la UE va camino de la ruptura a no ser que se haga lo que se tiene que hacer: la cooperación de los países como medio para solucionar el grave problema de la crisis de deuda que estamos sufriendo. O solución cooperativa o cártel no cooperativo que permita la competencia en condiciones similares con el riesgo de ruptura que eso implica. Ese es el futuro que prevén los analistas.



@juanignaciodeju