Ya se han aprobado los presupuestos por el gobierno. Cuando nos anticiparon el cuadro macroeconómico ya nos temíamos algo de lo que finalmente ha ocurrido. Se presentaba un ajuste de tal magnitud que había muy pocas opciones alternativas centrando todo el impacto en una sola dirección: reducción de gastos. También se han aprobado las subidas de la luz y el gas trimestrales, que alumbran más la política que se va a llevar a cabo en este país.
Los presupuestos son la plasmación de la política del gobierno en cifras y programas concretos. Como se dice habitualmente, los presupuestos son “política hecha cifras” y donde los ciudadanos comprobamos en qué se va a gastar nuestro dinero y, en consecuencia, las prioridades del gobierno. A falta del elemento fundamental de las modificaciones normativas que, necesariamente, deben acompañar las cuentas frías, voy a analizar las cifras presentadas ya que ni siquiera conocemos la norma como tal.
Se presenta un ajuste de 27.500 millones de euros, al que habrá que añadir los 15.000 millones que deben ajustar las comunidades autónomas una vez conocidas las cifras del gobierno. En total, según los cálculos (erróneos) del gobierno, tenemos que ajustar 42,500 millones para reducir el déficit desde el 8,51% hasta el 5,3% que Ángela Merkel ha aceptado, y todo ello con una reducción de la actividad del 1,7%. Un cálculo sencillo, y sin ningún ajuste adicional, que los habrá, nos indica que el ajuste será mayor, dado que 3,2% de reducción de déficit más 1,7% de caída de la economía implican unos 54.000 millones. Luego nos quedarán otros 12.000 millones. Porque todos los que han hecho presupuestos alguna vez saben que la única certeza que tiene son los gastos y lo que tiene que prever son los ingresos. En las cifras presentadas ayer, se dice que la mitad del ajuste se conseguirá por los ingresos, lo cual, en las circunstancias actuales, es más bien una quimera, que tendremos una desviación mayor de la apuntada. Ya lo escribí: el problema no está en los gastos, sino en los ingresos tributarios que son cada vez menores. Y las cifras de enero y febrero son muy indicativas.
Entre los ingresos se incluye una regularización fiscal. Se permite a los ciudadanos y empresas que no han pagado sus impuestos ponerse al día con hacienda pagando sólo un 10%, con lo que se habrán ahorrado un porcentaje muy elevado de cuota tributaria. También se dice que las rentas que las multinacionales tienen en el extranjero, en sus empresas filiales, las traigan pagando sólo un 8%. Parece poco razonable lo planteado. Se ha establecido una amnistía fiscal que es profundamente injusta y descaradamente sesgada. Es injusta por el mensaje que se transmite, dado que la mayoría de los ciudadanos no tendremos rentas ocultas, y es sesgada porque apunta a las grandes empresas multinacionales que tienen su dinero en empresas filiales y los paraísos fiscales. Además puede ocurrir que los asesores fiscales aprovechen el trámite hasta la aprobación definitiva de la medida para ocultar rentas ahora y ahorrarse un 25% de impuestos. Calculan ingresar unos 2.500 millones con la regularización planteada. Según los cálculos realizados por diversos medios la economía sumergida en España es de aproximadamente un 20%, es decir, unos 220.000 millones al año. Con la presión fiscal actual, eso significa que estaríamos perdonando 59,400 millones de euros de recaudación.
Con respecto a los gastos, las cifras rezuman la ideología predominante en Europa, la liberal. Haciendo un somero análisis de las grandes cifras, a falta de los detalles donde se encuentran los demonios del ajuste, se abandona la idea de ayudar a la contratación de los parados de larga duración (se les considera ya una batalla perdida), se liquida la ley de dependencia, se elimina la cooperación y, sorpresa, se deja de subvencionar los traslados desde las islas a la península en avión. Además se reducen fuertemente los gastos en Educación y Sanidad, aunque el efecto real se verá en las comunidades autónomas, que son las que realmente tienen el gasto.
Pero los presupuestos estaban acompañados de dos sorpresas más. Una, la variación de los precios de la luz y el gas; la otra, la agenda reformista del gobierno declarada en los presupuestos. Entre las diapositivas se publicitan las reformas estructurales del gobierno y se explicitan: la reforma financiera, la reforma laboral, la ley de estabilidad y, la sorpresa, la reforma de la Administración. El lunes en clase, ante mis alumnos, enumeré las reformas más urgentes que hacían falta en la economía española para proporcionar el crecimiento futuro. Desde mi punto de vista hacen falta reformas en las siguientes áreas: electricidad, gasolinas, gas, distribución, transportes, educación, etc. Nada de esto se dijo ayer en la presentación de los presupuestos, porque se cree que son mercados eficientes y liberalizados. Pero no es cierto, son mercados fuertemente oligopolísticos y que hay que liberalizar de forma urgente. Pero nadie quiere meterse a ello, ya que son empresas importantes que hacen lobby y, lógicamente, mantienen sus privilegios.
Con la modificación de los precios de la luz y el gas se cierra el círculo. La subida es del 7% para los consumidores y sólo del 0,91% a las grandes empresas. Pura ideología neoliberal: le cobramos a los ciudadanos para compensar a las grandes empresas. Los ciudadanos hacemos sólo lobby cada cuatro años y, en este momento, les quedan más de tres y medio para consultarnos. Es lógico que no nos tengan en cuenta, la memoria en la actualidad tiene un recorrido muy corto y dentro de poco, cuando las cosas vayan mejor, nos adularán un poco y nos lo creeremos.
En fin, que, aparentemente y a falta de los detalles, los presupuestos son expresión de un gobierno que apunta a los ciudadanos como el problema y a las empresas grandes como solución del mismo. A los contribuyentes individuales como los culpables de la situación y a los grandes defraudadores como elementos para la solución, a las empresas grandes como elementos dinamizadores y a la sociedad en su conjunto como lastre de las cuentas públicas. Eso nos pasa por tener derechos. Si no los tuviéramos no habría déficit público ni parados, que son un problema en la gestión de las cuentas públicas y los mercados los consideran grasa que hay que eliminar. Lo dicho, pura ideología.
@juanignaciodeju
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