Si uno se encuentra leyendo este post es que, probablemente, el fin del mundo profetizado a partir de los calendarios mayas no haya ocurrido y todo siga igual, es decir, que Rajoy seguirá siendo presidente del gobierno, que Montoro seguirá siendo ministro de Hacienda (por lo menos a corto plazo), que Artur Mas será presidente de la Generalitat con ánimos secisionistas y que Merkel seguirá en el poder en Alemania con el ánimo de aplacar a los manirrotos vecinos del sur. Es decir, que lo mejor hubiera sido que los Mayas hubiesen tenido razón y dejásemos de sufrir.
Porque a partir del 21 de diciembre de 2012 seguirá habiendo desahucios en España que dejen a las familias con deudas astronómicas y sin bienes con las que satisfacerlas. Y, lo que es peor, condenados de por vida a la economía sumergida para no satisfacer unas deudas abusivas, basadas en tipos de interés confiscatorios y con una normativa no ya preconstitucional, sino anterior incluso a la II República y que ningún gobernante (es decir, ni Botin, ni Francisco González, ni Ángel Ron, ni nadie con poder efectivo en España) va a querer cambiar porque les beneficia extraordinariamente.
Y van a seguir las subidas de impuestos a la clase media de este país, ya que, ante una crisis de ingresos públicos, ocasionados por la terrible y espeluznante cifra de desempleo que tenemos, los que firman en el BOE no son capaces de hacer otra cosa que subir y establecer nuevos impuestos que afecta exclusivamente a las clases medias, que son las que con su actividad de consumo y ahorro deberían provocar la salida de la crisis.
En el horizonte un año 2013 especialmente aterrador que empezará con subidas en el precio de la electricidad fijados por una ley irracional que determina un sistema injusto de reparto de las cargas. Hoy se habrá celebrado la subasta eléctrica que implicará una subida del recibo. Y tendremos que satisfacer otra cantidad adicional (vía deuda pública) como consecuencia del déficit que se generará.
Después, un incremento de los precios de las gasolinas y gasóleos por la eliminación de una exención que existía sobre los biocombustibles.
Luego vendrán los copagos sanitarios. Nos van a cobrar por cualquier servicio que recibamos en materia sanitaria (medicinas, traslados, ortopedias, etc), como medio de producir ingresos para un sistema fiscal agonizante.
Aparecen también las tasas en la justicia, argumentando que eso disuadirá del uso del estado de derecho para frenar los abusos. Pero es meramente recaudatorio, no una medida de racionalización de la justicia.
Se plantean cobrar, incluso, por las inscripciones en el Registro Civil. Y aquí el argumento es más divertido: la gestión de los recursos de la propiedad (en manos de los registradores) generan beneficios, luego en vez de recuperar esos ingresos, establecemos un sistema parecido en el Registro Civil. Con lo cual, a partir de ahora, inscribir a un hijo, o un fallecimiento, o una boda, podría terminar teniendo un coste. El problema es que la ley nos obliga a hacerlo.
Y seguiremos discutiendo una reforma de la educación que se centra en aspectos colaterales del sistema (religión, leguas, etc) pero que no aborda los problemas de fondo del sistema en cualquiera de sus fases, con una desmotivación abusiva de los profesores (catalogados de vagos por dar “sólo” 20 horas de clase), una gestión caótica de los centros por cualquiera que tenga competencias, una mediocre masa estudiantil, con sus notables excepciones. En definitiva, un sistema basado en el equilibrio financiero más que en los resultados y donde, en aras del mantenimiento de ese equilibrio, se perpetúan situaciones que deberían cambiarse. Y, sobre todo, no se aborda el principal problema: la desconexión entre el sistema educativo y el sistema productivo, que debería realizarse mediante la adopción de un verdadero proyecto de formación profesional realmente cualificada y pegada a las necesidades del sistema productivo.
Además, seguiremos teniendo un sistema de pensiones que, dada la situación de desempleo que tenemos, mantendrá sus problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo y que nos obligarán a reformar para buscar el equilibrio. Pero el equilibrio significa, para los que firma en el BOE, exclusivamente privatización indirecta vía obligarnos a la forma de un plan de pensiones privado.
En definitiva, que tendremos un sistema social con serios problemas de sostenibilidad por la incapacidad de los gobernantes (los reales y los elegidos). Los tres pilares del sistema de protección social (sanidad, educación y pensiones) camino de una especie de privatización encubierta que augura un futuro poco alentador.
Porque además se abandonan actividades de futuro por el hecho de que no hay dinero, como es el caso de la investigación, y se buscan esos ingresos en actividades prácticamente paralizadas, como es la construcción, sin abordar el problema de fondo que es el cambio en las actividades productivas de la economía. En vez de afrontar una reforma fiscal valiente, se procede a imponer el ajuste en los sectores más castigados, con lo que su capacidad de maniobra empieza a estar agotada y sus posibilidades son ya escasas.
Y se argumenta que es por la ‘herencia recibida’, incluso para aquellos gobernantes que llevan más de veinte años en el poder de la misma administración, lo cual implica que o son ineptos en la gestión, o no tienen argumentos sólidos. O ambas a dos, que no lo descarto.
Porque, ¿qué hay detrás de todas estas medidas que estamos sufriendo? El déficit público no justifica estas medidas, ya que se pueden plantear alternativas para la recaudación de esos importes (por ejemplo: tasa Tobin, tipos del Impuesto de Sociedades efectivo y real próximos, Impuesto del patrimonio, Impuesto sobre el juego on-line). Luego hay algo más: la ideología que impera en el mundo y, especialmente, en Europa, que lleva aparejado el objetivo de alcanzar el 50% del coste de los servicios públicos que se nos prestan sufragados por el usuario directamente. Es decir, abandonamos el concepto de solidaridad que ha imperado en el desarrollo del Estado del Bienestar en el Viejo Continente y lo transformamos por el de sufragar el coste para todo el mundo.
Esa idea, aceptable para aquellos que no creen en la solidaridad, no encaja en la realidad donde, además de los impuestos que nos cobran para sufragar el Estado de Bienestar, se cobra hasta el 50% del coste del servicio. Luego realmente existiría un re-pago de las cantidades, una por la cuota de solidaridad y otra por el copago.
Y serán los ciudadanos quienes, con su esfuerzo, terminen por intentar enjugar las deudas de las administraciones pero quedando sin margen para satisfacer las suyas propias, verdadero problema de la economía española que nadie se plantea abordar. Y, al final, ni podremos pagar la deuda pública (que crecerá hasta más allá del 100% del PIB en el año 2014) ni podremos pagar la deuda que tenemos los agentes individuales, ni podrán pagar las empresas. Pero si podrán pagar los bancos, ya que habremos expropiado la deuda manteniéndoles los beneficios. Pura ideología.
Y no tendremos servicios públicos al 100%, sino que pagaremos por ellos hasta un 50% más y perdiendo la gestión pública de los mismos. Y todo ello con un sistema fiscal obsoleto, con figuras de mediados del siglo XX, abocado al fracaso y sin tener un efecto redistributivo razonable.
En definitiva, que mejor hubiesen tenido razón los Mayas y ahora no tendríamos estas preocupaciones. Ni que leer a este Economista Perplejo.
@juanignaciodeju
